El director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Octavio Romero Oropeza, anunció que se llevarán a cabo diversas medidas para regularizar inmuebles que presentan conflictos, tengan problemas legales o tengan adeudos pendientes. Estos inmuebles, que se encuentran en diversas etapas de irregularidad, están inscritos en el sistema del organismo.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario confirmó que se realizará un censo a nivel nacional con el fin de cuantificar y analizar la situación de aproximadamente 993 mil viviendas conocidas como “emproblemadas”. A partir de este diagnóstico, se diseñarán soluciones específicas dirigidas a los ocupantes, incluyendo la posibilidad de adquirir la propiedad en algunos casos.
El proceso de inventario permitirá distinguir qué viviendas están actualmente habitadas y cuáles están vacías o en abandono. Con base en esta clasificación, se ofrecerán diferentes alternativas, incluso para quienes no tengan autorización para habitar la propiedad o no tengan vínculo con el crédito original.
De acuerdo con las cifras presentadas, de estas casi un millón de viviendas, 131 mil están implicadas en procesos judiciales colectivos, 216 mil fueron adjudicadas sin que se haya formalizado la escrituración, 497 mil exhiben altos niveles de deuda, y 89 mil son del FOVISSSTE enfrentando diferentes tipos de problemas.
Uno de los enfoques estratégicos será la implementación de esquemas de renta con opción a compra para viviendas ocupadas por terceros o que se encuentren desocupadas y vandalizadas. La finalidad es beneficiar principalmente a jóvenes, jefas de familia y personas en situación de vulnerabilidad.
¿Cómo funcionará la opción de compra en viviendas “emproblemadas”?
Romero Oropeza detalló que, en el caso de las viviendas propiedad del Infonavit que estén bajo ocupación por terceros, se promoverá un contrato que permita arrendar con opción a compra, evitando así desalojos compulsivos.
“Si la vivienda está ocupada por alguien que no es derechohabiente, y si las condiciones lo permiten, se podrá regularizar mediante un contrato de arrendamiento social con cláusula de compra futura. De esta manera, no sería necesario realizar un desalojo, y el ocupante tendrá la opción de adquirirla en el futuro,” explicó.
También puntualizó que estas medidas se aplicarán a viviendas vacías o en condiciones de vandalismo; en estos casos, se rehabilitarán y se entregarán a través de esquemas de arrendamiento social con opción a compra, con especial atención a jóvenes, mujeres jefas de familia y personas con discapacidad.
“El objetivo es ofrecer soluciones a quienes están en situación de vulnerabilidad, permitiendo que ocupen o recuperen viviendas sin recurrir a desalojos forzosos, promoviendo así un proceso de regularización y mejoramiento de estos inmuebles,” concluyó el funcionario del Infonavit.
